Titoli di Stato paesi-emergenti VENEZUELA e Petroleos de Venezuela - Cap. 1 (9 lettori)
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tommy271
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* “@sumariumcom: Psuv solicitó ante el TSJ la impugnación de 22 diputados opositores http://sumarium.com/mud-denunciara-el-golpe-
* Brasil registraría superávit comercial de entre 30.000 y 35.000 mln dlrs en 2016: ministro.
* ¿Guerra Económica? Fuga de capitales y desvío de dólares de PDVSA alcanza la escandalosa cifra de $475.631 millones http://www.aporrea.org/contraloria/n283116.html …
* URGENTE TSJ desmiente a la MUD: dice que no ha recibido impugnaciones http://sumarium.com/tsj-dice-que-no-ha-recibido-accion-para-impugnar-elecciones-del-6d/ …
* AN difiere para este miércoles designación de magistrados al TSJ http://tinyurl.com/qcmxj5h
* “@sumariumcom: Psuv solicitó ante el TSJ la impugnación de 22 diputados opositores http://sumarium.com/mud-denunciara-el-golpe-
* Brasil registraría superávit comercial de entre 30.000 y 35.000 mln dlrs en 2016: ministro.
* ¿Guerra Económica? Fuga de capitales y desvío de dólares de PDVSA alcanza la escandalosa cifra de $475.631 millones http://www.aporrea.org/contraloria/n283116.html …
* URGENTE TSJ desmiente a la MUD: dice que no ha recibido impugnaciones http://sumarium.com/tsj-dice-que-no-ha-recibido-accion-para-impugnar-elecciones-del-6d/ …
* AN difiere para este miércoles designación de magistrados al TSJ http://tinyurl.com/qcmxj5h
tommy271
Forumer storico
MUD denuncia que intentan impugnar 22 de sus diputados
[FONT="] "Aún no estamos claros de cuáles son los diputados que estarían involucrados en este recurso", dijo Torrealba
[/FONT]
22-12-2015 06:08:18 p.m. | Últimas Noticias.- Este martes, el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba anunció que Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió recurso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) contra 22 diputados de la coalición opositora, electos el pasado 6 de diciembre.
"Aún no estamos claros de cuáles son los diputados que estarían involucrados en este recurso . Esto es un recurso contencioso electoral ordinario, acompañado por una cautelar de amparo contra la proclamación de 22 diputados", afirmó.
Torrealba calificó el hecho como un "golpe de Estado judicial", aseverando que "esta es una medida suicida y responsable por parte del Gobierno".
"Con esta actitud, el Gobierno está perdiendo la poca credibilidad que le queda, ignorando la voluntad del pueblo", dijo.
Además, Torrealba expresó que la denuncia ha sido elevada hasta la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a través del jefe de la misión de acompañantes, Leonel Fernández, al tiempo que fue notificado a los jefes de parlamentos de todo el hemisferio.
Asimismo, apuntó que la coalición se encuentra en reuniones para contrarrestar dicho recurso.
Entretanto, aseveró que este recurso está contenido en el expediente número 2015-000139.
Finalmente, manifestó que "se impondrá la voluntad del pueblo", y "la mayoría de la Asamblea Nacional se instalará el próximo 5 de enero".
Leer más en: MUD denuncia que intentan impugnar 22 de sus diputados
[FONT="] "Aún no estamos claros de cuáles son los diputados que estarían involucrados en este recurso", dijo Torrealba
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22-12-2015 06:08:18 p.m. | Últimas Noticias.- Este martes, el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba anunció que Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió recurso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) contra 22 diputados de la coalición opositora, electos el pasado 6 de diciembre.
"Aún no estamos claros de cuáles son los diputados que estarían involucrados en este recurso . Esto es un recurso contencioso electoral ordinario, acompañado por una cautelar de amparo contra la proclamación de 22 diputados", afirmó.
Torrealba calificó el hecho como un "golpe de Estado judicial", aseverando que "esta es una medida suicida y responsable por parte del Gobierno".
"Con esta actitud, el Gobierno está perdiendo la poca credibilidad que le queda, ignorando la voluntad del pueblo", dijo.
Además, Torrealba expresó que la denuncia ha sido elevada hasta la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a través del jefe de la misión de acompañantes, Leonel Fernández, al tiempo que fue notificado a los jefes de parlamentos de todo el hemisferio.
Asimismo, apuntó que la coalición se encuentra en reuniones para contrarrestar dicho recurso.
Entretanto, aseveró que este recurso está contenido en el expediente número 2015-000139.
Finalmente, manifestó que "se impondrá la voluntad del pueblo", y "la mayoría de la Asamblea Nacional se instalará el próximo 5 de enero".
Leer más en: MUD denuncia que intentan impugnar 22 de sus diputados
tommy271
Forumer storico
Decrecimientos de Brasil y Venezuela contrajeron PIB regional
[FONT="] Se observan diferencias muy significativas en la evolución de la actividad económica entre subregiones
[/FONT]
22-12-2015 05:13:00 p.m. | Erika Hidalgo López.- La economía de América Latina se contrajo en 2015, según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, publicado ayer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lo que se tradujo en una disminución de 1,5% en el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante. Este resultado corresponde a la tasa de expansión más baja registrada desde 2009.
El documento revela que “al igual que en 2014, se observan diferencias muy significativas en la evolución de la actividad económica entre subregiones y también entre países.
La contracción de la actividad económica regional fue consecuencia del menor dinamismo exhibido por las economías de América del Sur, que pasaron de una expansión promedio de 0,6% en 2014 a una caída del 1,6% en 2015. A su vez, este resultado subregional estuvo muy influenciado por el crecimiento negativo registrado en Brasil y en Venezuela”.
“Las economías de Centroamérica mantuvieron su ritmo de expansión en 2015 y se espera un crecimiento de 4,4% para el año. Cuando se incluye a México, el promedio del crecimiento de este grupo de países llega a 2,9%. En las economías del Caribe de habla inglesa y holandesa, se observó una leve aceleración del crecimiento, que pasó de 0,7% en 2014 a 1,0% en 2015”.
Al igual que en los años recientes, la demanda interna, o el volumen de productos y servicios que la economía demanda, mostró una importante desaceleración, marcada por la caída de la inversión y el consumo.
En términos regionales, en 2015 la demanda interna disminuyó un 0,7%, con una contracción del consumo privado (-0,3%) y de la formación bruta de capital fijo (-4,2%) y un bajo aumento del consumo público (0,7%), reza el documento de la Cepal.
En tal sentido, señala que “el consumo privado (de las personas) en América del Sur se redujo en 1,6% respecto a 2014, mientras que en Centroamérica creció un 4,6%. Una situación similar ocurrió con el consumo público de los gobiernos, cuyo crecimiento se estancó en un 0,1% en América del Sur y aumentó un 4,4% en Centroamérica”.
La formación bruta de capital fijo, indicador que registra inversiones productivas, se redujo un 7,2% en América del Sur, mientras que en Centroamérica aumentó un 7%.
“Es importante señalar que la reducción de las inversiones productivas en la región se inició en 2014 y ya se prolonga por cinco trimestres consecutivos”, indica el informe. Y prosigue: “Esta situación ha determinado, en muy buena medida, el resultado negativo de la economía regional en 2015”.
La falta de dinamismo de la demanda interna se reflejó en una caída de las importaciones reales de bienes y servicios, que fue del -1,1%, como consecuencia de la disminución del consumo y del lento dinamismo de la inversión en la región en su conjunto. Por su parte, las exportaciones reales de bienes y servicios anotaron un alza del 2,5%.
A nivel subregional, se observa que en Centroamérica la actividad de los sectores de servicios y de construcción, manufactura y electricidad, gas y agua se incrementó en un 0,6% en 2015, mientras que en América del Sur se contrajo, registrando una tasa negativa del -0,3%.
Mientras, la industria manufacturera mostró el peor desempeño en América del Sur, con una disminución de 4,2% respecto de 2014, como resultado de tasas de crecimiento negativas o cercanas a cero en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
[FONT="] Se observan diferencias muy significativas en la evolución de la actividad económica entre subregiones
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22-12-2015 05:13:00 p.m. | Erika Hidalgo López.- La economía de América Latina se contrajo en 2015, según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, publicado ayer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lo que se tradujo en una disminución de 1,5% en el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante. Este resultado corresponde a la tasa de expansión más baja registrada desde 2009.
El documento revela que “al igual que en 2014, se observan diferencias muy significativas en la evolución de la actividad económica entre subregiones y también entre países.
La contracción de la actividad económica regional fue consecuencia del menor dinamismo exhibido por las economías de América del Sur, que pasaron de una expansión promedio de 0,6% en 2014 a una caída del 1,6% en 2015. A su vez, este resultado subregional estuvo muy influenciado por el crecimiento negativo registrado en Brasil y en Venezuela”.
“Las economías de Centroamérica mantuvieron su ritmo de expansión en 2015 y se espera un crecimiento de 4,4% para el año. Cuando se incluye a México, el promedio del crecimiento de este grupo de países llega a 2,9%. En las economías del Caribe de habla inglesa y holandesa, se observó una leve aceleración del crecimiento, que pasó de 0,7% en 2014 a 1,0% en 2015”.
Al igual que en los años recientes, la demanda interna, o el volumen de productos y servicios que la economía demanda, mostró una importante desaceleración, marcada por la caída de la inversión y el consumo.
En términos regionales, en 2015 la demanda interna disminuyó un 0,7%, con una contracción del consumo privado (-0,3%) y de la formación bruta de capital fijo (-4,2%) y un bajo aumento del consumo público (0,7%), reza el documento de la Cepal.
En tal sentido, señala que “el consumo privado (de las personas) en América del Sur se redujo en 1,6% respecto a 2014, mientras que en Centroamérica creció un 4,6%. Una situación similar ocurrió con el consumo público de los gobiernos, cuyo crecimiento se estancó en un 0,1% en América del Sur y aumentó un 4,4% en Centroamérica”.
La formación bruta de capital fijo, indicador que registra inversiones productivas, se redujo un 7,2% en América del Sur, mientras que en Centroamérica aumentó un 7%.
“Es importante señalar que la reducción de las inversiones productivas en la región se inició en 2014 y ya se prolonga por cinco trimestres consecutivos”, indica el informe. Y prosigue: “Esta situación ha determinado, en muy buena medida, el resultado negativo de la economía regional en 2015”.
La falta de dinamismo de la demanda interna se reflejó en una caída de las importaciones reales de bienes y servicios, que fue del -1,1%, como consecuencia de la disminución del consumo y del lento dinamismo de la inversión en la región en su conjunto. Por su parte, las exportaciones reales de bienes y servicios anotaron un alza del 2,5%.
A nivel subregional, se observa que en Centroamérica la actividad de los sectores de servicios y de construcción, manufactura y electricidad, gas y agua se incrementó en un 0,6% en 2015, mientras que en América del Sur se contrajo, registrando una tasa negativa del -0,3%.
Mientras, la industria manufacturera mostró el peor desempeño en América del Sur, con una disminución de 4,2% respecto de 2014, como resultado de tasas de crecimiento negativas o cercanas a cero en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
tommy271
Forumer storico
Trabajadores de Corpoelec se movilizan contra presunta privatización
[FONT="] "No vamos a permitir que nuevamente se quiera volver al pasado con el fantasma de la privatización", expresó Luis Mota, un trabajador
[/FONT]
22-12-2015 11:34:00 a.m. | Emen.- Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) marchan este martes desde la sede de la institución, ubicada en San Bernardino, hasta el Palacio de Miraflores, en Caracas, en rechazo a las presuntas posibilidades de privatización.
"No vamos a permitir que nuevamente se quiera volver al pasado con el fantasma de la privatización. Estaremos en la calle defendiendo al presidente Nicolás Maduro, los logros y las reivindicaciones sociales que hemos logrado en los 17 años de Gobierno", expresó Luis Mota, trabajador eléctrico del estado Carabobo.
[FONT="] "No vamos a permitir que nuevamente se quiera volver al pasado con el fantasma de la privatización", expresó Luis Mota, un trabajador
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22-12-2015 11:34:00 a.m. | Emen.- Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) marchan este martes desde la sede de la institución, ubicada en San Bernardino, hasta el Palacio de Miraflores, en Caracas, en rechazo a las presuntas posibilidades de privatización.
"No vamos a permitir que nuevamente se quiera volver al pasado con el fantasma de la privatización. Estaremos en la calle defendiendo al presidente Nicolás Maduro, los logros y las reivindicaciones sociales que hemos logrado en los 17 años de Gobierno", expresó Luis Mota, trabajador eléctrico del estado Carabobo.
tommy271
Forumer storico
La máxima instancia de la justicia venezolana negó el martes la impugnación de una veintena de diputados opositores electos, una acción denunciada por la coalición opositora.
El jefe de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, dijo a periodistas el martes más temprano que el oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "un recurso contencioso electoral ordinario" contra 22 diputados electos.
Máximo tribunal de Venezuela niega impugnación de diputados opositores electos | Titulares | Reuters
El jefe de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, dijo a periodistas el martes más temprano que el oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "un recurso contencioso electoral ordinario" contra 22 diputados electos.
Máximo tribunal de Venezuela niega impugnación de diputados opositores electos | Titulares | Reuters
boscolo117
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Guest post: why Venezuela should not default
By Francisco Rodríguez of Bank of America Merrill Lynch
In a provocative article published last week by Project Syndicate (Should Venezuela Default?), Venezuelan economists Ricardo Hausmann and Miguel Angel Santos make an interesting argument. They contend that Venezuela cannot meet all of its foreign currency obligations and is already defaulting on some of them. If authorities adopted a set of common-sense policies, they argue, these would include defaulting on the country’s foreign debt and making bondholders bear part of the burden of adjustment.
Default is the economic equivalent of major invasive surgery: an aggressive intervention with high risks and side effects which is only justified when it is indispensable for restoring an economy to health. Default makes sense only when a country is insolvent.
If an economy’s assets and revenue flow do not allow it to continue to pay its debts, you can make a good case that it should not pay some of its creditors at the expense of others.
The problem is that it is very hard to make the case that Venezuela is insolvent. In research carried out at Bank of America, we have estimated the value of the Venezuelan public sector’s net external liabilities after marking down illiquid assets such as Petrocaribe receivables. We conclude that the public sector’s net debtor position – the result of subtracting its external assets from its external liabilities – is no larger than 3.5 per cent of GDP. We also find no evidence that these liabilities are increasing over time nor that the government’s external assets are decreasing, other than as a result of the effect that the decline in international gold prices had on the central bank’s reserves.
Our difference with Hausmann and Santos comes from the fact that they do not build their argument up from an evaluation of the country’s solvency position. Instead, they infer that solvency position from the state’s inability to satisfy the population’s demand for imported goods. If the government has defaulted on its obligation to provide medicines to Venezuelans, they argue, it should also – if only for the sake of moral balance – default on bondholders.
The shortcoming in their argument comes from the idea that the phenomenon of scarcity has anything to do with solvency. The fact that people cannot buy all the dollars or imported goods they want at the current price tells us nothing about how many dollars the government has. It simply tells us that the government is selling these dollars at an artificially low price.
Imagine for a moment that a central bank – any central bank – decided to put up a sign on its front door that said “we sell $10 bills for $1”. Word gets around of the central bank’s Great Dollar Giveaway and throngs of people start massing at its doors. As officials struggle to satisfy people’s demand for dollars, they explore solutions. Maybe they should sell some of those gas stations they bought several years ago. Maybe they should put fingerprint machines at the bank’s entrance to control access. Maybe they should default on the country’s foreign debt.
None of these solutions make sense, because the problem is not a lack of dollars. It is that the government is giving dollars away. No matter how many dollars you provide the central bank with, it won’t be able to keep up with demand. The only way to solve this problem is to change the price of $10 bills… to $10.
But what about all of those people who have spent days and nights at the door of the central bank? Isn’t the government defaulting on them by not selling them the dollars it led them to believe they had a right to?
Judged by that standard, every politician who has ever broken a promise has defaulted. Modern societies recognize that holding elected officials to such a standard would bring public administration to a standstill. That is why we hold our policymakers accountable to the law and the contracts that they explicitly subscribe. On the issue of arrears, Venezuelan law and jurisprudence is extremely clear: the government has an obligation to provide access to foreign exchange to those to which it committed to do so, but can do it at the exchange rate that is valid at the moment at which the foreign exchange is disbursed. In other words, the state has an obligation to sell dollars to those to whom it has promised to, but it has no obligation to give those dollars away.
Venezuela does not need to default. It needs to start charging a realistic price for foreign exchange. It also needs to do the same thing for the other goods and services – such as gasoline and electricity – that it sells for near-zero prices. If Venezuela charged a reasonable price for its foreign exchange, it would cut its budget deficit (which reached 17.2 per cent of GDP last year) by 10 points of GDP; doing away with the gasoline subsidy would reduce it by another 7 points. Defaulting, in contrast, would free up resources for at most 1.5 points of GDP.
But wouldn’t these adjustments be costly for Venezuelans, leading to price increases and declines in living standards? No. Sure, Venezuelans will pay more for imports and gasoline. But they will no longer have a large chunk of their wealth confiscated every year through inflation. Right now, the Great Dollar Giveaway is being paid for by the majority of Venezuelans through a vicious tax on their holdings of local currency. Setting relative prices right would correct that.
This, in a nutshell, is the essence of the problem in a country that has carried out an external adjustment but failed to adjust internal relative prices. As a whole, the economy is not overconsuming. It is simply using a very inefficient and distortive tax called inflation to transfer wealth from some groups of the population to others. If we want to look for a moral contradiction in the government’s economic strategy, it is not in its preference for bondholders over Venezuelans. It is in its inexplicable decision to continue to tax the working and middle classes through inflation while giving away cheap dollars to importers and rent-seekers.
Francisco Rodriguez is chief Andean economist at Bank of America Merrill Lynch. This post is published by permission. Copyright © 2014 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
By Francisco Rodríguez of Bank of America Merrill Lynch
In a provocative article published last week by Project Syndicate (Should Venezuela Default?), Venezuelan economists Ricardo Hausmann and Miguel Angel Santos make an interesting argument. They contend that Venezuela cannot meet all of its foreign currency obligations and is already defaulting on some of them. If authorities adopted a set of common-sense policies, they argue, these would include defaulting on the country’s foreign debt and making bondholders bear part of the burden of adjustment.
Default is the economic equivalent of major invasive surgery: an aggressive intervention with high risks and side effects which is only justified when it is indispensable for restoring an economy to health. Default makes sense only when a country is insolvent.
If an economy’s assets and revenue flow do not allow it to continue to pay its debts, you can make a good case that it should not pay some of its creditors at the expense of others.
The problem is that it is very hard to make the case that Venezuela is insolvent. In research carried out at Bank of America, we have estimated the value of the Venezuelan public sector’s net external liabilities after marking down illiquid assets such as Petrocaribe receivables. We conclude that the public sector’s net debtor position – the result of subtracting its external assets from its external liabilities – is no larger than 3.5 per cent of GDP. We also find no evidence that these liabilities are increasing over time nor that the government’s external assets are decreasing, other than as a result of the effect that the decline in international gold prices had on the central bank’s reserves.
Our difference with Hausmann and Santos comes from the fact that they do not build their argument up from an evaluation of the country’s solvency position. Instead, they infer that solvency position from the state’s inability to satisfy the population’s demand for imported goods. If the government has defaulted on its obligation to provide medicines to Venezuelans, they argue, it should also – if only for the sake of moral balance – default on bondholders.
The shortcoming in their argument comes from the idea that the phenomenon of scarcity has anything to do with solvency. The fact that people cannot buy all the dollars or imported goods they want at the current price tells us nothing about how many dollars the government has. It simply tells us that the government is selling these dollars at an artificially low price.
Imagine for a moment that a central bank – any central bank – decided to put up a sign on its front door that said “we sell $10 bills for $1”. Word gets around of the central bank’s Great Dollar Giveaway and throngs of people start massing at its doors. As officials struggle to satisfy people’s demand for dollars, they explore solutions. Maybe they should sell some of those gas stations they bought several years ago. Maybe they should put fingerprint machines at the bank’s entrance to control access. Maybe they should default on the country’s foreign debt.
None of these solutions make sense, because the problem is not a lack of dollars. It is that the government is giving dollars away. No matter how many dollars you provide the central bank with, it won’t be able to keep up with demand. The only way to solve this problem is to change the price of $10 bills… to $10.
But what about all of those people who have spent days and nights at the door of the central bank? Isn’t the government defaulting on them by not selling them the dollars it led them to believe they had a right to?
Judged by that standard, every politician who has ever broken a promise has defaulted. Modern societies recognize that holding elected officials to such a standard would bring public administration to a standstill. That is why we hold our policymakers accountable to the law and the contracts that they explicitly subscribe. On the issue of arrears, Venezuelan law and jurisprudence is extremely clear: the government has an obligation to provide access to foreign exchange to those to which it committed to do so, but can do it at the exchange rate that is valid at the moment at which the foreign exchange is disbursed. In other words, the state has an obligation to sell dollars to those to whom it has promised to, but it has no obligation to give those dollars away.
Venezuela does not need to default. It needs to start charging a realistic price for foreign exchange. It also needs to do the same thing for the other goods and services – such as gasoline and electricity – that it sells for near-zero prices. If Venezuela charged a reasonable price for its foreign exchange, it would cut its budget deficit (which reached 17.2 per cent of GDP last year) by 10 points of GDP; doing away with the gasoline subsidy would reduce it by another 7 points. Defaulting, in contrast, would free up resources for at most 1.5 points of GDP.
But wouldn’t these adjustments be costly for Venezuelans, leading to price increases and declines in living standards? No. Sure, Venezuelans will pay more for imports and gasoline. But they will no longer have a large chunk of their wealth confiscated every year through inflation. Right now, the Great Dollar Giveaway is being paid for by the majority of Venezuelans through a vicious tax on their holdings of local currency. Setting relative prices right would correct that.
This, in a nutshell, is the essence of the problem in a country that has carried out an external adjustment but failed to adjust internal relative prices. As a whole, the economy is not overconsuming. It is simply using a very inefficient and distortive tax called inflation to transfer wealth from some groups of the population to others. If we want to look for a moral contradiction in the government’s economic strategy, it is not in its preference for bondholders over Venezuelans. It is in its inexplicable decision to continue to tax the working and middle classes through inflation while giving away cheap dollars to importers and rent-seekers.
Francisco Rodriguez is chief Andean economist at Bank of America Merrill Lynch. This post is published by permission. Copyright © 2014 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
- Stato