La confluencia de intereses de Argentina, el FMI y acreedores privados para una rápida refinanciación de la inmensa deuda heredada del macrismo
Kristalina Georgieva peronista: impuestos progresivos y más gasto social
Los postulados de la titular del FMI sobre la desigualdad. La negociación de un nuevo acuerdo con Argentina. Las condiciones para la reestructuración de la deuda con acreedores privados del exterior. El papel de Estados Unidos.
Por
Alfredo Zaiat
El gobierno de Alberto Fernández adelantó que no repudiará la deuda contraída por la administración Macri con el FMI y con acreedores privados, y que pretende liderar una veloz y amigable renegociación de esos pasivos.
La tecnoburocracia del Fondo Monetario quiere cerrar rápido un acuerdo con Argentina para, de ese modo, dejar atrás su (ir)responsabilidad de financiar, con el préstamo más grande de la historia del organismo, el fiasco político y económico de Macri.
Los acreedores privados están ansiosos por concretar pronto una redefinición de las condiciones de la deuda argentina para evitar pérdidas aún más abultadas de las padecidas con el macrismo, y poder entonces comenzar un nuevo ciclo de negocios.
En la confluencia de esos intereses se delimita el territorio del crucial frente de la deuda. Esta coincidencia no significa que hasta alcanzar el objetivo final, o sea el cierre de los respectivos acuerdos, no haya eventos que puedan alterar el ánimo de cada una de las partes.
Pero resulta evidente que existe voluntad de los principales protagonistas de evitar que el actual default virtual se transforme en uno descontrolado, con costos inmensos para la economía argentina, para la reputación y finanzas del FMI y para el patrimonio de los grandes fondos y bancos de inversión de Wall Street.
La presencia de estudios de abogados junto a fondos buitre rondando alrededor de la deuda argentina, los rumores interesados que se distribuirán en solícitos medios de comunicación sobre el ritmo de las tratativas y movimientos especulativos con las paridades de los bonos serán el contexto de una negociación que involucrará miles de millones de dólares.
La clave será no caer en esas trampas de confusión puesto que existen intereses divergentes, en especial entre los propios acreedores privados, e incluso los que pueden aparecer entre los técnicos del FMI y la geopolítica de los Estados Unidos de Trump.
A favor de la posición argentina es que la actual titular del FMI, Kristalina Georgieva, comparte los principales postulados económicos y sociales del gobierno de Alberto Fernández:
cobrar más impuestos a los sectores de mayor capacidad contributiva, transferir más recursos a los grupos sociales que se ubican en la base de la pirámide de ingresos y aumentar, si es necesario, el gasto social.
Con esas ideas
Georgieva estaría en condiciones de afiliarse al peronismo pero, se sabe, la última palabra en el Fondo la tiene Estados Unidos.
En el Vaticano
Georgieva afirmó en Davos, Suiza, que "hemos tenido interacciones muy constructivas hasta ahora con el nuevo liderazgo en Argentina. Hablé con el Presidente, con el Ministro de Hacienda y ahora con el staff que trabaja con el equipo de Argentina”. Para agregar que “estamos buscando hacer lo que podamos para ayudar a Argentina. Estamos de acuerdo con la necesidad de restaurar la economía y abordar el aumento de la pobreza que ha afectado negativamente a muchos argentinos”.
El próximo 5 de febrero estará en el Vaticano como panelista en un seminario que organiza la Pontificia Academia de la Ciencias Sociales llamado "Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación". Del encuentro participarán también el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su mentor el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Georgieva encabezará el panel "Transformación de las reglas de la Arquitectura Financiera Internacional".
El tema de la deuda será uno de los ejes de la convocatoria. El folleto de difusión cita una frase del Papa Juan Pablo II para contextualizar ese debate: "
Muchas naciones, especialmente las más pobres, se encuentran oprimidas por una deuda que ha adquirido tales proporciones que hace prácticamente imposible su pago".
El caso argentino no califica como "naciones más pobres", pero sí en que no está en condiciones económicas de pagar su abultado stock de deuda.
Acuerdo
Entre las elecciones PASO y de primera vuelta, el entonces candidato Alberto Fernández afirmaba que no era necesario un acuerdo con el FMI. Luego de ganar en forma contundente por una diferencia de 8 puntos sin necesidad de competir en un ballottage, en el período de transición, anunció que no pediría el saldo del préstamo del Fondo por unos 11 mil millones de dólares.
Los acreedores privados reclaman un acuerdo con el FMI para avanzar en la modificación de las condiciones de emisión de los títulos públicos. Sin un nuevo programa con el Fondo no hay margen para un plan de alivio de la deuda privada. Estos acreedores afirman que sólo de ese modo pueden confiar –por la auditoría del Fondo- del compromiso del país para el cumplimiento de un sendero fiscal y monetario que les brindaría tranquilidad de cobrar los intereses y capital de la deuda.
En esa instancia, con un staff técnico del FMI que ha quedado descolocado con el financiamiento al fracaso macrista, la posibilidad de un acuerdo es más probable.
Existe una confluencia de factores que lo impulsan, con uno solo que puede entorpecerlo: los Estados Unidos de Trump.
No sería necesario el cierre de un acuerdo formal para avanzar en la reestructuración de la deuda con los acreedores privados del exterior, pero sí habrá una demanda de un apoyo explícito del FMI al programa argentino. Las declaraciones de Georgieva van en ese sentido.
El Fondo avala la renegociación de la deuda con acreedores privados, promoviendo incluso una quita en el monto a pagar por intereses y capital. Como acreedor privilegiado, el FMI recomienda la consolidación de las cuentas públicas, primero para garantizar el cobro de sus acreencias y luego los pagos al resto de los acreedores, además de considerar el equilibrio fiscal como una política de sustentabilidad macroeconómica.
En ese tránsito de mejorar las cuentas públicas, el Fondo ha modificado un poco su visión ortodoxa, en especial sobre cómo alcanzarlo. En décadas pasadas, con sus tradicionales ajustes recesivos recomendaba que la carga impositiva adicional sea en los tributos de fácil recaudación, como el IVA o las retenciones al complejo agropecuario.
Ahora no es terminante y deja a los responsables del área económica definir cómo conseguir más recursos, incluso empezó a sugerir la aplicación de una mayor progresividad tributaria.
Por ese motivo las medidas económicas iniciales de Fernández no fueron rechazadas por el FMI, lo que quedó explicitado con la afirmación de Alejandro Warner, director del Departamento del Hemisferio Occidente y encargado del caso argentino, referida a que el gobierno se "va moviendo en una dirección positiva".
En ese contexto, el Gobierno busca cerrar un acuerdo o un apoyo enfático del FMI que le permitiría una renegociación más cómoda con los acreedores privados.
Plan
Con el gobierno de Macri, el FMI regresó como financista directo de Latinoamérica con el tradicional stand by, comenzando un nuevo ciclo en la región de préstamos condicionados. Recuperó de ese modo el papel de auditor de las políticas económicas en función de garantizar, fundamentalmente, el pago de intereses y capital de la deuda externa. Con mucha más dedicación y preocupación ahora luego de haber entregado un insólito préstamo a Macri por 57 mil millones de dólares.
Como se sabe, el FMI es un organismo multilateral y los accionistas son 189 países miembros, siendo Estados Unidos el principal con el 16,5 por ciento del capital. Estas características exponen que no es viable declarar la cesación de pagos de esa deuda porque se la estaría haciendo a todos los países, en especial a las potencias económicas. En caso de hacerlo, el país se convertiría en un paria financiero y comercial, sin posibilidad de tener vínculos con el resto del mundo.
Ante estas objetivas condiciones desventajosas,
un economista de consulta de Fernández comentó a este diario que no existen motivos para no cerrar rápido un acuerdo con el FMI porque no habría exigencias de un ajuste recesivo ni oposición a las actuales medidas económicas.
Las iniciativas fiscales para conseguir más recaudación estuvieron apuntadas a sectores medios altos y altos de la pirámide de ingresos. Por eso se lo define como un ajuste expansivo. Además, en materia previsional, favoreciendo el incremento de ingresos de la base de la pirámide y proponiendo modificar la pésima fórmula de movilidad del macrismo, para frenar la inercia indexatoria sin afectar a la inmensa mayoría de los jubilados.
El Fondo pide equilibrio fiscal; no reclama ahora cómo conseguirlo. Por ese cambio de enfoque se comprenden los elogios, para muchos inesperados, que le regaló al gobierno a las pocas semanas de gestión.
No es un dato menor que el propio FMI está en aprietos con la Argentina, puesto que en una decisión financiera irresponsable, motivada por el diseño del cuadro geopolítico de los Estados Unidos para América Latina, concentró más de la mitad de la cartera crediticia en un solo deudor.
Especialistas en administración de diversificación del riesgo crediticio enseñan que no es conveniente para el acreedor quedar atrapado de la suerte de un deudor. En caso de que éste enfrente dificultades para pagar, el mayor problema lo tendrá quien prestó, no quien recibió los dólares.
Con el arma de negociación acerca de la corresponsabilidad del Fondo en la actual crisis de deuda, el gobierno de Fernández aspira a lograr una generosa refinanciación de los vencimientos del megacrédito.
Kristalina
El patrón del FMI es Estados Unidos y el sello al acuerdo será político, además de las cuestiones técnicas. El doble salvataje al gobierno de Macri vía el Fondo es el antecedente más reciente de la apuesta fallida de Trump a un gobierno de derecha en Argentina.
Ese auxilio financiero tuvo el respaldo de la entonces titular del FMI Christine Lagarde, quien dejó el cargo para pasar a ocupar la presidencia del Banco Central Europeo, desde noviembre pasado. Quien la reemplazó fue la búlgara Kristalina Georgieva. En un reciente artículo publicado en "Diálogo a fondo", el blog del FMI sobre temas económicos de América Latina, expuso un renovado enfoque para la histórica tradición de políticas de ajuste del organismo.
Georgieva plantea en "Reducir la desigualdad para generar oportunidades" que en la última década la desigualdad "se ha convertido en uno de los problemas más complejos y desconcertantes de la economía mundial". Detalla varias desigualdades: de oportunidades, intergeneracional, entre mujeres y hombres y de ingresos y riquezas. Afirma que esas desigualdades, en muchos países, están en aumento, y que hay que tener voluntad para abordarlas. Indica que ejecutar reformas para atender ese problema "es difícil desde el punto de vista político", pero menciona que los réditos "en materia de crecimiento y productividad valen la pena".
Aquí es donde aparece un cambio en la visión de la nueva conducción del FMI respecto a las anteriores, al señalar que es necesario replantear el problema y, antes que nada, en lo que se refiere "a políticas fiscales y tributación progresiva".
Es ilustrativo el siguiente textual de Georgieva: "La progresividad de los impuestos es un aspecto fundamental de una política fiscal eficaz. Nuestras investigaciones muestran que en el segmento superior de la distribución del ingreso es posible elevar las tasas marginales de impuestos sin sacrificar el crecimiento económico".
La titular del FMI propone cobrar más impuestos a los ricos y, además, asegura que esa mayor carga no afectará el crecimiento. Esto va en línea con el ajuste expansivo de Fernández que subió impuestos a los sectores de mayor capacidad contributiva.
Las medidas de emergencia de Fernández y el artículo de Georgieva permiten cerrar el círculo para comprender el inmediato apoyo al rumbo económico por parte del FMI, luego del desastre macrista.
Gasto social
Georgieva también avanza en resaltar la importancia de las políticas sociales para combatir la desigualdad. Indica que "cuando están bien concebidas, pueden ser fundamentales para mitigar la desigualdad del ingreso y sus efectos negativos en la desigualdad de oportunidades y la cohesión social".
Informa acerca de un nuevo estudio del FMI que muestra que el incremento del gasto social necesario varía considerablemente entre los países. Para detallar que en áreas clave, como salud, educación e infraestructura prioritaria, las economías de mercados emergentes necesitarían aumentar el gasto todos los años, hasta que se sitúe en alrededor de 4 puntos porcentuales del PIB en 2030. En un país en desarrollo de bajo ingreso situado en la media, estima que esa cifra debería ser de 15 puntos porcentuales del PIB.
Brinda pistas acerca de cuál es la actual orientación del FMI respecto al gasto social. Apunta que las iniciativas del organismo para corregir la desigualdad han sido incorporadas en sus labores de supervisión, préstamos, investigación y fortalecimiento de las capacidades, y que eso continuará en el próximo decenio.
Detalla que "una de las piedras angulares de la manera en que abordamos las cuestiones relacionadas con la inclusión económica es nuestra estrategia de gasto social". Parte de la premisa de que el gasto social tiene que ser no solo suficiente sino también eficiente, y que debe estar financiado de forma sostenible. Para sentenciar que "estos conceptos no son meros indicadores; son los principios rectores sobre los que se asienta el asesoramiento que brindamos en materia de políticas".
Pone por ejemplo que si el gasto social es insuficiente para lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible o para proteger a una proporción significativa de hogares pobres y vulnerables, "entonces es necesario incrementarlo". Apunta además que las cambiantes condiciones demográficas elevarán los temas relacionados con la sostenibilidad fiscal al primer plano en los debates sobre gasto social, incluido el gasto en salud y pensiones. Para sentenciar que "lo más importante es mitigar los efectos adversos del ajuste en los pobres y los vulnerables".
Cuatro patas
En el armado de la mesa para un nuevo acuerdo con el FMI, las cuatro patas que lo sostienen son el gobierno argentino, la tecnoburocracia del Fondo, Estados Unidos y Wall Street.
1. Alberto Fernández y su ministro Guzmán han dado muestras de estar dispuestos a avanzar en negociaciones amigables, eludiendo los tradicionales condicionamientos del organismo. Podrán abrazarse a los postulados de combatir la desigualdad que expone
la compañera Georgieva para conseguir una refinanciación de los abultados vencimientos de la deuda con el FMI.
2. Georgieva y el staff técnico del FMI necesitan con urgencia un acuerdo que les permita dar vuelta la página del fracaso anotado con el gobierno de Macri. Después de la sucesión de fiascos de los '90, la crisis de 2008 le permitió al FMI recuperar un papel relevante en el sistema financiero internacional. Una eventual debacle argentina con el Fondo detrás volvería a arrojar al organismo a un espacio público de cuestionamiento generalizado acerca de su funcionamiento e intervención en los países.
3. Estados Unidos utiliza al FMI como un brazo financiero del despliegue de su geopolítica en la región. La prueba más reciente fue el aval al préstamo récord a la administración Macri, que se había subordinado en forma total a los intereses estadounidenses. A
hora se ha abierto otro juego de presiones con el gobierno de Fernández en relación a las crisis en Venezuela y en Bolivia.
4. Los fondos y bancos de inversión de Wall Street, interesados en una refinanciación de la deuda que no implique una quita de capital elevada y les permita reiniciar un ciclo positivo de negocios con la deuda argentina, pueden ser un actor último y determinante para inclinar a Estados Unidos a brindar el apoyo a un nuevo acuerdo del FMI con Argentina y, después, a la refinanciación de la deuda con los privados.
En este juego a cuatro bandas se definirá la negociación de la deuda en los próximos meses, que será el necesario puente a cruzar para llegar a la base para iniciar un programa de recuperación y posterior crecimiento económico, condición imprescindible para reafirmar la legitimidad política del gobierno de Fernández.
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